Ponències

1 Introducción

Vivimos tiempos en los que la igualdad vuelve a plantearse como un tema de debate. El reconocimiento de las profundas desigualdades de género han llevado a formular nuevas políticas de igualdad, las cuales están incluso fijadas como uno de los grandes ejes de las políticas laborales comunitarias.

Las desigualdades de género son evidentes, injustas e insoportables para las mujeres. Sobre esto hay poco que decir. La cuestión que me preocupa es que esta insistencia en las desigualdades de género no nos lleva a olvidar otro tipo de desigualdades, que en mi opinión agravan la situación social de la mayoría de mujeres. Por esto el objetivo de mi presentación es el de tratar de situar un enfoque que situe de forma más global la cuestión de las desigualdades laborales. Creo que con ello no sólo salen ganando los grupos sociales desfavorecidos sobre los que nada aporta la actual política comunitaria, sino que ello refuerza la larga lucha igualitaria de las mujeres. Espero que la discusión servirá para ver si el enfoque que propongo es adecuado.

En mi presentación abordaré cinco cuestiones conectadas. En primer lugar trataré de situar las principales dimensiones de la desigualdad laboral. Dimensiones relevantes porque afectan a aspectos esenciales de la vida personal. En segundo lugar plantearé el enfoque dominante en economía, lo que a mi modo de ver es un simple escamoteo del problema de la desigualdad, pero que conviene discutir para desbrozar la cuestión y desarrollar una nueva visión. En tercer lugar analizaré los mecanismos sociales que ayudan a la generación de desigualdades laborales. En cuarto lugar trataré de mostrar los procesos económicos que han hecho aumentar las desigualdades en el periodo neoliberal. Y en el apartado final abordaré dos cuestiones conexas: la necesidad de una lucha por la igualdad y apuntes sobre los ejes estratégicos a desarrollar en esta dirección.

2. Las desigualdades laborales: factores

En las economías capitalistas el mercado laboral ocupa un papel central. La participación en el mismo influye de formas muy diversas en la vida de las personas. Aunque no puede ignorarse el papel que juegan otras instituciones- especialmente el espacio familiar-comunitario y el espacio público- con el que interacciona continuamente la vida mercantil.

La participación en el mercado laboral mercantil, los resultados que se obtienen de la misma, afecta de forma diversa a la vida de las personas. Desde el punto de lo que obtienen en la misma podemos definir, tres grandes tipos de efectos: recursos para acceder a bienes mercantiles, posición social y derechos sociales.

Entre los primeros el elemento más importante son las rentas monetarias, los salarios, aunque también existen otras forma de pago no monetarias que resultan importantes, especialmente para los grupos de asalariados que ocupan los lugares superiores de la jerarquía laboral. En la medida que las necesidades de renta son recurrentes, la importancia de los ingresos salariales no depende sólo de su cuantía puntual, sino del grado de certidumbre que se espera obtener a través del tiempo, lo que obliga a relacionar los ingresos con el nivel de seguridad económica al que están asociados.

La importancia de la relación del empleo y la posición social es evidente. Basta advertir que una de las formas de presentación habitual de las personas la constituye su posición profesional. En un sentido más amplio el lugar que cada persona ocupa en el mercado laboral tiene también que ver con el contenido concreto de la actividad que realiza, con la posibilidad que le ofrece de desarrollar un proceso más o menos creativo. Cuando la gente valora la bondad de su empleo habitualmente considera tanto su posición social como su satisfacción con el contenido del mismo.

La relación del empleo con los derechos sociales se debe al modelo de Estados de bienestar dominantes en la mayoría de países. Modelos que condicionan el acceso a derechos sociales futuros- pensiones de jubilación. seguro de desempleo- a la trayectoria laboral previa. Por esto una de las cuestiones que determina tipos de empleos es la que diferencia empleos formales- que conceden derechos sociales- de los informales, que no los conceden.

El trabajo asalariado no es sólo una fuente de derechos. Es también una actividad que condiciona la vida de las personas en formas diversas. Destacaríamos aquí dos tipos de elementos: la duración y características de la jornada laboral y las condiciones de trabajo.

La jornada laboral incide de forma diversa en la vida de las personas. Tanto en lo que se refiere a su duración como a su estructura. Las horas que empleamos en la actividad laboral nos impiden desarrollar otras actividades igualmente relevantes: cuidados a otras personas, formación, participación socio-política, etc. Una jornada excesivamente prolongada puede tener efectos sobre la salud. De la misma forma no sólo influye en nuestra vida personal cuantas horas trabajamos sino cual es su distribución a lo largo del día, su regularidad, etc. Las posibilidades de realizar actividades extramercantiles están condicionadas por la forma como se organiza nuestra vida laboral: jornadas variables, horarios indeseables condicionan de forma severa la vida social de mucha gente.

Las condiciones laborales son diversas: ambiente y salud laboral, contenido específico (por ejemplo trabajos repetitivos o pesados, actividades creativas o con margen de autonomía personal...), contexto social en el que se realizan (en estructuras más o menos jerarquizadas, con mayor o menor libertad personal) y tienen efectos sobre gran parte de nuestra vida, empezando por la salud física y mental y siguiendo por el nivel de realización personal.

En suma cuando contemplamos las características de la vida laboral observamos fácilmente  la existencia de muchos factores diversos, cada uno de los cuales puede situar a las personas en situaciones personales y sociales diversas y donde podemos observar que generan resultados diferentes en la vida de los individuos. Por ejemplo dos personas con ingresos semejantes pero con jornadas laborales diferentes es posible que puedan alcanzar cotas diferentes de bienestar debido a la mejor o peor disponibilidad de tiempo para realizar otras actividades. Si por ejemplo una de las dos tiene sistemáticamente un horario laboral de tarde posiblemente tendrá menos capacidad de desarrollar toda una serie de actividades sociales que para el otro serán factibles. Por esto no podemos hablar de una sola desigualdad sino contemplar en cada caso la variedad de situaciones que confluyen en el desempeño de la vida social

Esta complejidad de la vida laboral ha sido contemplada desde hace muchos años por los analistas del mercado laboral. Adam Smith ya advirtió esta complejidad de elementos que confluyen en la vida laboral. Su optimismo liberal le llevó a pensar que  el mercado funcionaria de tal forma que al final se llegaría a un equilibrio entre ventajas y desventajas (por ejemplo los trabajos penosos, irregulares obtendrían una prima salarial compensatoria, al revés la gente estaría dispuesta a ganar menos en actividades más estables, satisfactorias desde el punto de vista de las condiciones laborales...). Doscientos años después hay  bastante evidencia de que a menudo los mercados reales no realizan esta actividad compensatoria y, en muchos casos, los buenos y los malos resultados se concentran. Los trabajos mejor retribuidos suelen ser los que conceden mayor estatus y reconocimiento social y los más estables (a menudo también los que gozan de horarios más deseables) y los trabajos más peligrosos y socialmente menos valorados suelen ser los que también ofrecen salarios inferiores. Por ello aunque el análisis de las desigualdades comporta la necesidad de explorar sus diferentes aspectos, a menudo es posible concentrar el análisis de la desigualdad en términos de empleos “buenos” y “malos” en los que se concentran muchas de las condiciones que hacen más o menos aceptables los empleos.

3. El significado de las desigualdades

La existencia de desigualdades no implica necesariamente una valoración social común. A lo largo de la historia han existido enormes desigualdades sociales que han sido valoradas de forma diferente por individuos y grupos sociales. Basta releer las obras de los clásicos de la antigüedad para observar su naturalización de la esclavitud, una situación que hoy resulta intolerable para la inmensa mayoría de la población (lo que no evita que se mantenga como fenómeno real). Con las desigualdades laborales ocurre lo mismo. Según cual sea el punto de vista analítico y ético estas tienden a considerarse bien una injusticia intolerable, un mal necesario o el resultado normal del funcionamiento de un mercado que premia a los eficientes y castiga a los ineficaces.

Esta última valoración es, por ejemplo, la que domina en gran parte del pensamiento económico académico. Una buena parte de las corrientes dominantes sugieren que los mercados premian la aportación  económica de cada persona  y, en equilibrio la retribución de cada cual refleja su productividad marginal. Existen diversas explicaciones a esta hipótesis. La más extendida es la teoría del capital humano, según la cual la productividad individual viene potenciada por la educación formal e informal (la que se obtiene en el propio puesto de trabajo). Esto explicaría los mayores ingresos de las personas educadas, puesto que simplemente reflejaría su mayor aportación productiva. De la misma forma la mayor riqueza de las naciones podría explicarse por la mayor educación de sus habitantes, traducida en una mayor productividad media. Si ello fuera así  habría poco que discutir sobre las desigualdades laborales, puesto que simplemente estarían reflejando la diferente aportación productiva de las personas.

En un mundo donde el mercado reflejara adecuadamente la aportación productiva de cada cual, los intentos de alterar la distribución de los ingresos mediante métodos normativos generarían una pérdida de bienestar social. Las regulaciones generarían incentivos perversos, puesto que desalentarían la formación y el resultado sería un proceso de subeducación que reduciría la productividad global de la economía y por tanto la capacidad de esta de ampliar la oferta de bienes y servicios a disposición de la población. La única vía sería de alterar las desigualdades desde esta perspectiva sería la mejora del nivel educativo de la población. Si se eleva el nivel educativo de cada cual habrá que esperar tanto mejoras en la posición individual como en el conjunto de la sociedad, puesto que también aumentaría la productividad del conjunto. Esto explica en gran medida el éxito y la facilidad con la que se introduce la formación y la educación en el diseño de los programas económicos, puesto que la educación  siempre es vista como una demanda no conflictiva y que puede generar beneficios universales. Existen sin embargo visiones diferenciadas sobre las políticas educativas. Para los economistas ultraliberales la educación viene exclusivamente determinada por las decisiones de los individuos, sus decisiones de invertir en educación. Para el resto el sistema educativo es una fuente de desigualdades, especialmente relacionadas con las diferencias de ingresos de las familias y su incidencia en la educación de los hijos. Por esto las políticas educativas igualitarias o compensatorias han pasado a formar parte del arsenal de medidas de un amplio espectro ideológico por cuanto son contempladas como la vía más eficaz para mejorar las condiciones sociales de los grupos sociales más desfavorecidos.

En los últimos tiempos esta visión general alcanzó una aceptación máxima con las teorías de los incentivos que explican el progreso social básicamente por medio de los incentivos monetarios que obtienen los “innovadores”. Gran parte de las políticas de incentivos que se han auto otorgado las cúspides empresariales o los enormes emolumentos que se han concedido a los triunfadores (en campos como los medios de comunicación, los deportes, etc.) se han justificado por está lógica. 

No todos los economistas participan de esta visión. La misma teoría del capital humano ha sido sometida a críticas relevantes. A mi modo de ver la más relevante es la imposibilidad de establecer medidas aceptables de la productividad individual. Básicamente por el carácter colectivo de las actividades productivas y por la dificultad de establecer un método de medida adecuado para actividades materialmente muy diferentes. Una gran parte de los procesos productivos son actividades cooperativas en las que intervienen diversos individuos y en las que se hace imposible determinar con precisión cual es la aportación de cada cual, la aportación de cada individuo es en muchos casos el resultado de la interacción del grupo, de su organización, de su cooperación. En un mundo con una enorme diversidad de tareas la comparación entre actividades distintas, que suponen la activación de comportamientos humanos diferentes, resulta claramente complicada (de hecho también cuando se trata de comparar la aportación de personas de la misma profesión como pone de manifiesto el debate sobre la evaluación de la investigación). De hecho la única forma de medir es por los precios de mercado, pero en el mundo real no reflejan necesariamente la productividad sino que incluyen muchos otros aspectos, especialmente el grado de monopolio o poder económico de las distintas empresas, la incidencia de regulaciones múltiples, etc. De hecho solo es comparable la productividad de dos personas cuando realizan la misma tarea, pero siempre que el resto de condiciones (equipo utilizado, condiciones ambientales, producto, nivel de esfuerzo…) sean idénticas. En este caso podemos determinar cual de ellas es más productiva que la otra pero difícilmente concluir su nivel de productividad respecto a personas que realizan tareas diferentes.

También porque la teoría del capital humano sugiere que la productividad es algo inherente a la persona. Y por tanto independiente de la tarea en la que se ocupa. Algo que resulta contradictorio con el hecho que los salarios y las condiciones de trabajo dependen sobre todo del tipo de empleo en el que unos este empleado y no tanto del nivel educativo que uno tenga. Esta evidencia a algunos economistas les ha llevado a considerar que la productividad depende más del contexto de trabajo y que posiblemente lo que hacen los sistemas educativos es proveer de pasaportes para el acceso a los buenos empleos.

Las teorías económicas convencionales aceptan una posibilidad de desigualdad inaceptable, la que se plantea en términos de discriminación. O sea de trato desigual de un determinado colectivo de personas lo que se traduce, por ejemplo, en percibir un salario inferior al resto de empleados en la misma tarea. Hay dos formas de analizar empíricamente la cuestión: el estudio de casos o el análisis estadístico. En ambos casos se considera que existe discriminación cuando dos personas que ocupan la misma posición laboral reciben una retribución diferente. Y esta se explica por la existencia de diferencias personales entre ellos. Por ejemplo las estimaciones estadísticas realizadas en España para detectar posible discriminación salarial de las mujeres indican que a igualdad de condiciones los salarios femeninos son entre un 8 a un 10% inferiores a los masculinos.  Estimaciones realizadas sobre la discriminación salarial de los trabajadores extracomunitarios no ofrecen evidencias claras de la existencia de discriminación salarial.

En este sentido la idea de discriminación constituye una visión muy reductiva de la desigualdad, pues solo reconoce como tal la que proviene de un trato diferente a personas sustancialmente iguales. Como es de sobras conocido se trata de la forma más burda y visible de desigualdad, casi siempre la más fácil de detectar y de combatir. Por esto las preocupaciones sobre la desigualdad se llevan a cabo desde perspectivas diferentes.

4. De la discriminación a la desigualdad

El análisis de la discriminación es cuestionable, Parte de considerar que todas las características de la actividad laboral son perfectamente evaluables y que el mercado actúa como un mero sistema de medición. La evidencia indica sin embargo que las diferencias salariales son importantes cuando se estudia la situación de grupos sociales enteros. Es el caso evidente de las mujeres respecto a los hombres. O de los inmigrantes extra-comunitarios respecto a los trabajadores nativos y los inmigrantes comunitarios. Y es también importante entre los trabajadores manuales, especialmente en los servicios, y los no manuales.

Se puede detallar empíricamente que en muchos casos salarios menores van también asociados a jornadas laborales más prolongadas, a menor estabilidad laboral o incluso a peores condiciones de salud. En muchos casos no parece que el mercado garantice primas salariales a los empleados en jornadas atípicas, a los empleos a tiempo parcia, o a la penosidad laboral. La discusión realizada por economistas y sociólogas feministas ha permitido desbrozar muchos de los aspectos clave de la producción de las desigualdades. Y, a contrario, de las cosas que deberían considerarse en una política de igualdad.

Como norma general lo que se detecta a primera vista es que las malas condiciones laborales se concentran en unos determinados tipos de empleos y estos suelen ocuparse por personas con similares características personales. Hay segmentos del mercado feminizados, empleos juveniles, sectores dominados por inmigrantes etc. Del mismo modo que hay segmentos del mercado para gente educada.

Podemos detectar una serie de elementos que favorecen o refuerzan la posición relativa de las personas y  que en general provocan las mayores desigualdades. Destacamos al respecto:

Derechos individuales.. El espacio de derechos es muy desigual entre países. Aún en los formalmente democráticos existen diferencias importantes tanto en los derechos individuales de las personas como en los colectivos. Especialmente si se considera no sólo el marco de derechos formales sino también la capacidad real de hacerlos efectivos.

En el plano de los derechos individuales la cuestión más importante es la que atañe a los derechos de nacionalidad. Estos condicionan las posibilidades de cada individuo de actuar en la vida social de un determinado territorio. En la mayoría de países la regulación de la nacionalidad y la extranjería genera derechos reducidos para parte de la población inmigrada (o incluso residente por largo tiempo). El grado de disminución de estos derechos es variable en función de la legislación de cada país y de la situación legal específica de cada persona. En casi todos los países las personas de origen extranjero están  sujetas a restricciones en el acceso a algunos espacios laborales (por ejemplo el sector público) y, de forma creciente, a limitaciones en sus derechos de permanencia en el país asociadas a su situación laboral.

En el funcionamiento habitual del mercado laboral las condiciones de empleo se combinan con las normas de extranjería para debilitar los derechos laborales de muchas personas. En muchos casos la necesidad de mantener o conseguir el empleo como condición sine qua non para obtener la residencia conduce a la aceptación de condiciones de trabajo inferiores a las de la norma social establecida: horarios de trabajo prolongados, renuncia a primas salariales, esfuerzo, etc. En el caso de los inmigrantes irregulares esta debilidad es extrema y por ello aceptan horarios de trabajo, salarios y derechos absolutamente alejados de la norma social dominante. El análisis, por ejemplo, de los salarios, jornada laboral de las mujeres dedicadas al cuidado de ancianos en nuestro país constituye una muestra excelente de la relación que se establece entre regulaciones migratorias y condiciones laborales.

En los últimos años en muchos países se están desarrollando políticas migratorias diferenciadas por grupos profesionales. Mientras a algunos colectivos de trabajadores se les atrae con facilidades migratorias a otros se les aplican normas más restrictivas (permisos temporales). Ello no hace sino aumentar las desigualdades de movimientos que estas personas tendrán en el mercado laboral

Derechos colectivos.  Los sindicatos y la negociación colectiva constituyen importantes mecanismos de protección y defensa de los derechos. Por ejemplo en casi todas partes los sindicatos han sido importantes impulsores de prácticas antidiscriminatorias en materia salarial. El papel de los sindicatos es doble: a través de la negociación colectiva establecen pautas laborales que marcan condiciones básicas de empleo. Pero con su presencia en la empresa tienen constituyen también un medio potente para conseguir el cumplimiento de las condiciones negociadas. Allí donde no existen sindicatos no hay garantía que los convenios colectivos se apliquen en su totalidad. A menudo la acción sindical cotidiana permite la garantía de derechos individuales al articular las reclamaciones de trabajadores particulares.

La acción sindical es, al mismo tiempo, una posible fuerza que reduzca o consienta las desigualdades. Dependerá de las pautas de negociación colectiva que adopte. En los países donde las desigualdades son menores habitualmente ha predominado una negociación colectiva centralizada que ha establecido un abanico salarial reducido para todos los asalariados. En cambio allí donde predomina la negociación a nivel de empresa existen mayores posibilidades que las condiciones laborales se fijen atendiendo a las condiciones específicas de la empresa (habitualmente su poder de mercado) y, sobre todo a la correlación de fuerzas particular en la misma. En este último caso pueden generarse enormes diferencias salariales y de condiciones de trabajo según el sindicato tenga o no una fuerte organización en la empresa. Entre estos dos modelos existen posibilidades intermedias, como la que puede darse en una organización menos centralizada pero en la que existen pautas comunes de negociación.

El problema principal en este campo es la muy desigual presencia sindical y la existencia en muchos sectores de estrategias empresariales orientadas a evitar su existencia. En este campo los modelos nacionales de regulación de los derechos sindicales muestra una enorme variedad de situaciones. Muestra también que allí donde esta protección es más débil las estrategias antisindicales tienden a proliferar. Por ejemplo las normas de negociación colectiva españolas, al establecer un carácter semipúblico de los convenios colectivos permiten extender, aunque sea parcialmente, los resultados de la negociación colectiva a muchas empresas en las que no existe implantación sindical. En otro caso el modelo estadounidense que no garantiza automáticamente la existencia sindical en la empresa (esta sólo es posible si la mayoría de empleados vota a favor de la implantación sindical) ha permitido todo tipo de maniobras antisindicales y la existencia de muchas empresas sin ningún tipo de representación colectiva.

La implantación sindical tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Como norma general los sindicatos tienen mayores facilidades de implantación en las grandes empresas y entre los empleados estables. En las pequeñas empresas, donde la relación empleado-trabajador es mucho más personalizada y donde falta el volumen crítico mínimo para la acción colectiva la intervención sindical es mucho más difícil. Entre los empleados temporales persiste tanto una cierta dosis de transitoriedad en su situación temporal como el temor que su afiliación les impida estabilizar su situación laboral. Por tanto según cual sea la estructura contractual y empresarial de cada país existirán mayores o menores oportunidades de acción sindical.

Estructura productiva, normas sobre negociación colectiva y representación, ideología y cultura sindicales se combinan para generar “modelos” nacionales diferenciados que se traducen en grados mayores o menores de desigualdades laborales.

Regulaciones laborales  Aunque a menudo las regulaciones públicas se limitan a marcar niveles básicos de derechos laborales, estos niveles básicos suelen tener una importante influencia sobre el nivel de desigualdades de cada país. No sólo influyen por su contenido concreto, la posibilidad de ser objetos de control por parte de la autoridad laboral o los propios sindicatos, a menudo tienen también un papel cultural, de fijar que cual es el comportamiento adecuado o aceptable. Y con ello influir sobre las percepciones y comportamiento de los empresarios y los trabajadores.

El salario mínimo es un buen ejemplo de estas políticas. Allí donde no está regulado o su nivel es muy bajo es más probable que proliferen los empleos de bajos salarios que allí donde su nivel marca una cota relativamente elevada. Puede observarse que en las desigualdades salariales son mayores en los países donde la norma mínima es muy baja (como es el caso de España) o simplemente inexistente. Aunque, en este campo cabe advertir que la forma de regulación de los salarios mínimos puede ser diversa: una norma legal, como es nuestro caso, una norma fijada por negociación colectiva o mediante mecanismos de negociación social específicos (como los antiguos consejos de bajos salarios británicos)

Las regulaciones laborales no se refieren solo a salarios, afectan a la multiplicad de variables que influyen en la relación laboral y constituyen por tanto una fuente real o potencia de generar o limitar las desigualdades. Algo que por ejemplo resulta visible en el caso de las regulaciones de la jornada laboral. Según cual sea esta cabe esperar la existencia o no de una mayor o menor variabilidad en la jornada laboral. Por ejemplo en el reciente debate europeo sobre la ampliación de la jornada tolerada hasta las 65 horas, era patente que no se iba a tratar de una ampliación generalizada de la jornada laboral. Pero la fijación de este marco legal permitiría en su caso ampliarla a grupos de trabajadores particulares, habitualmente con una débil posición contractual, sin que ello fuera posible evitarlo por presión sindical o intervención pública. Si la norma finalmente triunfara cabría esperar una creciente desigualdad en materia de jornada laboral

Reconocimiento social.  Las pautas que negocian los sindicatos y las regulaciones públicas no nacen de la nada. Se insertan un entramado social previo, en una historia de las relaciones sociales, en estructuras generadoras de valores. La valoración social que damos a cada acción es en gran parte resultado de este complejo proceso social. Y este ha sido, históricamente un importante mecanismo para la legitimación de desigualdades.  Por ejemplo el funcionamiento “normal” de sociedades esclavistas, feudales, de castas  se han basado en parte en la consolidación de creencias que atribuyen categorías sociales diferentes a grupos de individuos particulares. Hoy sabemos que se trata de valoraciones erróneas e injustas, pero mientras han prevalecido han tenido un enorme poder de generar percepciones. Casi siempre consolidadas mediante la existencia de instituciones orientadas a su perpetuación.

Una parte de las valoraciones dominantes sobre las cualificaciones laborales se derivan de procesos parecidos. En este sentido el análisis de las desigualdades de género ha servido para clarificar esta situación. Como es bien conocido en la mayor parte de casos en los que se ha planteado un conflicto importante de discriminación salarial a mujeres (pienso en casos históricos en nuestro país como el de la Magneti Marelli o el de la Puig), la justificación empresarial siempre ha sido que las mujeres realizaban “otro tipo de tareas” menos cualificadas y por tanto no era una cuestión de discriminación. En todos estos casos se ha requerido un lento proceso judicial para conseguir establecer que lo diferente era simplemente un camuflaje.

Pero en un plano más amplio estas desigualdades persisten y se pueden ilustrar en todo tipo de mercados laborales.

En los mercados profesionales, donde la existencia de una importante segmentación de género en los empleos se traduce casi siempre en una diferenciacíón salarial que como norma establece salarios inferiores a aquellas profesiones feminizadas. Es el caso visible en la enseñanza, donde las mujeres “copan” los empleos en las fases de educación preescolar e infantil (incluyendo la muy compleja de “educación especial”) y los hombres tienden a situarse en la educación media o superior. Tareas diferentes pero no necesariamente menos o más cualificadas. Para alguien con bastantes años de docencia universitaria le resulta chocante el conocimiento de más de un colega que padece de miedo escénico patológico para la reducida actividad docente que realizamos, no parece que sea más difícil que bregar en una clase de adolescentes o de niños de procedencia multinacional. Y sin embargo la consideración social y las condiciones de empleo presuponen que al profesor universitario una excelencia que niegan al resto. Lo que ocurre en el campo de la enseñanza es aplicable a otros muchos empleos profesionales como muestran estudios sobre el sector sanitario. los servicios sociales, etc.

Pero donde las diferencias son mucho más acusadas es cuando analizamos los sectores “inferiores” (por condiciones sociales no por su importancia para nuestras condiciones de vida), Una gran parte de las mujeres se concentran en una serie de actividades de servicios consideradas “poco cualificadas” y por ello merecedoras de bajos salarios y de escasa consideración social. En muchos casos estos empleos se consideran una prolongación de las tareas domésticas, en las que la condición de “no cualificación” ha sido tradicional. El análisis objetivo sin embargo muestra lo contrario. Las actividades domésticas, y su traducción mercantil, exigen aptitudes, saberes, respuestas que requieren de aprendizajes (aunque estos se hayan desarrollado en marcos informales como la familia) y experiencias que ni todo el mundo tiene ni se practican a la primera. (palpable en la evidencia de las dificultades de supervivencia de muchos hombres solos, por ejemplo entre los “sin techo”). En muchos casos las “nuevas profesiones” feminizadas requieren además aprendizajes adicionales que les confieren nuevas “cualificaciones”, pero que resultan escasamente reconocidas socialmente. Gran parte de las desigualdades salariales que afectan negativamente a las mujeres se deben a esta ausencia de reconocimiento social. Una ausencia de reconocimiento que descansa en este complejo sistema de instituciones, valores y prácticas que conocemos como patriarcado.

Las desigualdades en la consideración social por razones de género son sin duda importantes pero no agotan todo el terreno de valores generadores de desigualdad. Como norma general esta afecta a todas aquellas actividades que desarrollan las personas con menor categoría social, siendo esta categoría el resultado del funcionamiento de las estructuras sociales. Por ejemplo el complejo trabajo de los agricultores ha estado asociado a baja cualificación, si bien pocas de las personas cualificadas conseguirían sobrevivir con mucho éxito si fueran trasplantadas de golpe al medio rural.

La fijación de estos valores es sin duda compleja. En algunos casos descansa en el propio funcionamiento del mercado laboral. Por ejemplo en el bien conocido funcionamiento de los sistemas de formación profesional. En países donde la calidad del producto ha constituido una preocupación central de la política económica, como en el caso alemán, se han desarrollado sistemas de aprendizaje sofisticados que han llevado apareados la aparición de categorías laborales que presuponen un reconocimiento profesional traducible en ingresos, prestigio y un cierto control de las condiciones laborales. Por el contrario en otros países donde se ha promovido una política de bajos salarios estas instituciones no se han desarrollado adecuadamente (lo que ha menudo es fuente de otros problemas, como la continua queja empresarial de la falta de personal cualificado). Las comparaciones internacionales sobre el empleo en la construcción son especialmente significativas de cómo interaccionan las formas de organización del trabajo y los modelos de formación. y reconocimiento profesional.

Fuera del mercado laboral actúan también palancas poderosas. Empezando por  las propias imágenes generadas desde los medios de comunicación y el discurso de la “intelligentsia” cultura. Discursos generadores de percepciones, valores, reconocimientos  (y a veces estructuras, como las que se están aplicando en algunas evaluaciones profesionales) que refuerzan o limitan las tendencias a la desigualdad.

Instituciones extramercado.  Las desigualdades se desarrollan en el mercado pero nacen o se reproducen en instituciones extramercantiles. Las personas llegamos al mercado de trabajo con una experiencia previa en la familia, el barrio de residencia, la comunidad de procedencia, la experiencia escolar. En muchos casos estos atributos nos seguirán toda la vida.

La institución familiar no es sólo un medio de socialización. También de generación de redes relacionales y de formas de presentarse. Es, sobre todo, un campo donde se realiza una intensa actividad de cuidados, básica para el bienestar, pero ajena a la lógica de la producción capitalista. La dedicación a estas tareas de cuidados influye en nuestra posición en el mercado. También por esto el desigual reparto del trabajo doméstico influye sobre la desigual situación en el mercado laboral. O dicho de otra forma la ausencia de reconocimiento del carácter social-público del trabajo doméstico y la prevalencia institucional del mercado conllevan una posición socialmente subordinada de las mujeres.

En otros campos las cosas son parecidas. Los prejuicios de clase y de etnia son importantes mecanismos de legitimación de las desigualdades. Especialmente en forma de segregación ocupacional, pero también de valoración social de la cualificación. En el momento presente la presión por la “excelencia” y  el valor del “capital humano” constituyen un nuevo peligro de legitimación de nuevas desigualdades sociales basadas en alguna especie de cultura meritocrática.

5. Desigualdades y neoliberalismo

La evidencia empírica del aumento de las desigualdades sociales en el periodo neoliberal en la mayoría de sociedades desarrolladas es indiscutible. Desigualdades que afectan tanto a la distribución de la renta entre capital y trabajo como en el seno de los propios asalariados. Aunque la evidencia se limita a menudo al tema de las variables monetarias y no siempre tienen en cuenta otras variables relevantes. Como ha indicado repetidamente el economista Guy Standing puede hablarse de un aumento significativo de la inseguridad económica en formas diversas.

Es por ello que cabe preguntarse cuales son los mecanismos que explican este proceso hacia la desigualdad y la inseguridad. Y la respuesta no es otra que cambios institucionales orientados por una determinada filosofía económica. Una prueba de que ello es así es que aquellas sociedades donde el igualitarismo estaba más enraizado y traducido en instituciones específicas, especialmente los países nórdicos, han resistido mejor esta oleada antiigualitaria que los países donde las elites han adoptado de forma más entusiasta alguna versión del credo neoliberal.

Como es bien conocido el discurso neoliberal en general es la defensa de la empresa privada y el mercado como mecanismos básicos de interacción social. Esta filosofía general esta asociada a políticas económicas que tienen un fuerte impacto en la cuestión de las desigualdades pero han tenido lugar en un contexto en el que, además, se ha producido una fuerte mutación de las formas de organización empresariales que han reforzado, o se han complementado, con las reformas institucionales.

En el plano de las regulaciones laborales los cambios impuestos por el modelo neoliberal operan a dos niveles. A nivel macroeconómico el objetivo prioritario del pleno empleo se sustituyó por el del control de la inflación. No sólo se rebajó el rango otorgado al empleo en los objetivos de política económica sino que, al mismo tiempo, se rebajó el concepto mismo de empleo, vaciándolo en parte de contenido. Mientras en la vieja tradición keynesiana el empleo era una actividad remunerada que permitía autonomía económica y un grado aceptable de afirmación profesional (y por tanto se distinguía claramente de subempleo, aquellas actividades remuneradas que no garantizan ingresos suficientes o no son adecuadas a las aptitudes profesionales de las personas) en las políticas actuales empleo es meramente aquello que corresponde a la definición estadística. Esto es un empleo es cualquier actividad remunerada que haya realizado una persona siempre que represente al menos una hora de trabajo semanal durante los siete días anteriores a ser encuestado. Se ha borrado la doble condición de suficiencia económica y adecuación. Y se ha ampliado la manga ancha para considerar ocupadas a personas que simplemente obtienes actividades muy precarias. El resultado de este cambio macroeconómico es la reproducción de fases de elevado desempleo y la aceptación social de condiciones laborales degradadas. Y de siempre es sabido que el desempleo prolongado erosiona el poder negociador de los peor situados en la escala social y con ello favorece el aumento de las desigualdades.

La otra gran transformación institucional ha sido la reforma de las instituciones laborales en aras a conseguir la flexibilidad laboral. Este es un mero eufemismo para justificar un aumento de los derechos patronales sobre el uso de la fuerza de trabajo. Las reformas orientadas a introducir flexibilidad han actuado en ámbitos muy diversos: reducción de la protección al empleo (abaratamiento y/o mayores facilidades procedimentales  a los despidos), proliferación de formas de contratación laboral “atípica” (empleos temporales, a tiempo parcial, empleos a través de ETTSs etc.), variabilidad de la jornada laboral, mayores prerrogativas a la movilidad, geográfica y funcional.... La justificación es la necesidad de las empresas de adecuarse a un ambiente económico cambiante o turbulento, o simplemente adaptarse a las especificidades de los nuevos sectores de actividad. Pero en la práctica más que una adaptación de lo que se ha tratado es que esta sea barata y fácil para la empresa, sin coste. De hecho toda la historia del capitalismo esta atravesada por una dinámica empresarial orientada a externalizar costes sociales hacia el conjunto de la población. Y buena parte de las regulaciones representan las respuestas sociales orientadas a evitar que los costes sociales son excesivos. Una historia con vaivenes que en la fase actual, al menos en el plano laboral, se ha decantado a favor de las demandas empresariales en pro de externalizar estos costes. Porque la otra cara de la moneda de la flexibilidad laboral son los costes que deben asumir los trabajadores flexibilizados en forma de empleos inestables, inseguridad económica, jornadas laborales incompatibles con la vida social, pérdida de estima, etc. Una debilidad social que permite además que en muchos casos se conculquen derechos establecidos o se interpreten de forma limitada. El mundo de la flexibilidad laboral contiene muchas historias que permiten visualizar como se desarrollan las desigualdades

Estas transformaciones en la esfera de la regulación- legal y económica- tienen su complemento en las nuevas formas de organización empresarial. La gran empresa se ha transformado tratando de mantener las ventajas del tamaño sin asumir los costes que acarreaba el mismo. De las grandes estructuras burocratizadas tradicionales hemos pasado a los nuevos modelos de “empresa-red”- en las que gran parte de la actividad se extarnaliza hacia otras empresas o donde lo que sigue internalizado queda compartimentado en núcleos que son dirigidos como unidades semiindependientes. En cada sector el proceso es diverso. Lo fundamental casi siempre es que se sigue manteniendo centralizado aquellas fases de la actividad económica que garantizan el control entero del proceso, sea en unos casos la red comercial, la marca, la cadena de ensamblaje final, la división de i+d, o cualquier otra. Lo crucial en cada caso es la generación de estructuras productivas complejas pero en las que es fácil detectar núcleos de poder y donde la mayor parte de subunidades (internas o externas) tienen un papel subordinado y una evidente limitación de poder. Esta reestructuración no sólo concede enorme capacidad de control a la cúpula sino que también es una fuente adicional de generación de desigualdades.

Cuando analizamos las redes de subcontratas y proveedores detectamos fácilmente diversos fenómenos. Cito solo los más relevantes. De una parte el modelo favorece la fragmentación contractual y la diferenciación de condiciones de trabajo. En el caso español por ejemplo, donde existe una enorme variedad de convenios colectivos de empresa y sector, ello permite a las empresas diferenciar salarios mediante la contratación de empleados en convenios colectivos diversos. Por ejemplo si analizamos las empresas automovilísticas descubrimos que una parte del personal estructural de planta está contratado a través de empresas auxiliares cuyo convenio colectivo puede ser el del transporte o el de otro sector de servicios. Y si estudiamos a sus proveedores podemos observar que aplican convenios diferentes en cada una de sus plantas, con diferencias salariares y de condiciones de trabajo significativamente diferenciadas.  La otra cuestión relevante es la presión que este modelo permite ejercer sobre las condiciones de trabajo en materia de horarios, ritmos productivos. En las empresas que forman parte de una red productiva los empleados se encuentran sometidos a la doble presión de la disciplina interna y la del cliente, cuya voz se siente a menudo con muy poderos (por ejemplo amenazar con romper el contrato si en la empresa subcontratada se produce un conflicto laboral.). Por último y no menos importante en muchos casos estas cadenas facilitan el camino entre la economía formal y la informal, con todo lo que ello supone de degradación y diferenciación de las formas de trabajo. La historia reciente de la organización del sector de la construcción, la batalla por regular las subcontratas constituye una experiencia aleccionadora en este sentido.

La “desregulación normativa” y la reorganización empresarial se complementan. Y generan un proceso que debilita otros elementos de compensación, como la implantación sindical o el mismo reconocimiento de experiencia laboral. Hacen más opaca la estructura de desigualdades. Y obviamente afecta de forma desigual a colectivos situados en procesos productivos y partes del mismo diferentes. Y ello ayuda también a legitimar el proceso porque permite reinterpretar el proceso como una historia de mérito personal, de éxito o fracaso individual. Y no hay nada tan legitimador de la desigualdad como la creencia que esta es el resultado de un proceso justo que premia a los buenos y castiga a los malos.

6. Razones contra la desigualdad y sugerencias para enfrentarla

Uno puede preguntarse porque nos preocupan las desigualdades. De hecho en los últimos treinta años estas no han formado parte ni del núcleo de las políticas económicas ni tampoco de las preocupaciones manifestadas por los grandes núcleos de opinión. Más bien en muchos campos se promociona la competencia como eje vertebrador de la vida social. Y ya se sabe que en las competencias hay siempre perdedores y ganadores.

A mi entender hay muchos argumentos a favor de volver a la defensa del igualitarismo. Cuatro me parecen significativas. En primer lugar allí donde crecen las desigualdades aumentan las personas para quienes estas se traducen en problemas graves. En el plano laboral personas con ingresos insuficientes o con inestabilidad laboral perpetua o con carencia de reconocimiento social o con horarios incompatibles con cualquier forma de vida digna.... En segundo lugar porque cuando florecen las desigualdades estas afectan se concentran en grupos sociales que experimentan sistemáticamente formas de discriminación, marginación, minusvaloración. La situación de la mayoría de mujeres es a este nivel el ejemplo más evidente. Pero no el único. Los inmigrantes, las minorías étnicas, los trabajadores manuales pueden parecer los mismos efectos. Existen desigualdades bastante sistemáticas de género, clase, casta, etnia y  por tanto de bloqueo de la construcción de ciudadanía universal. En tercer lugar las desigualdades bloquean la cooperación. Para muchos estudiosos de la actividad laboral, y de la sociedad en su conjunto, lo que promueve el desarrollo social es más la cooperación que la competencia. Y la cooperación exige personas con relaciones horizontales, con empatía mutua, con confianza, algo que dificilmente se obtiene allí donde impera la desigualdad. Por último las desigualdades, como los grandes negocios, tienden también a generar sus costes sociales externos. Por ejemplo en forma de gran y pequeña delincuencia, de confianza social. Algo que es bastante visible cuando se ponen en consonancia los datos sobre violencia estructural en muchos países y los datos sobre desigualdades básicas.

La cuestión es como enfocar la lucha por reducir estas desigualdades. Hay siempre una tentación de reducirlas a un plano meramente normativo. La ventaja de las normas es que son relativamente baratas de producir y contienen hasta cierto punto mecanismos de implementación. Pero la cuestión es que muchas de los mecanismos generadores de desigualdades escapan al control normativo (como pone de manifiesto la dificultad de eliminar las discriminaciones salariales camufladas de cualificación). Se trata por tanto de aplicar estrategias mixtas que traten de influir sobre todas las fuentes generadoras de desigualdad.

Por ejemplo se trata de plantear una revaluación de los empleos en los que no sólo se reconozca la aportación intrínseca y la cualificación específica de cada actividad sino también sus costes y desventajas asociados. Si esta evaluación se realiza en la línea liberal de Adam Smith sin duda los resultados en términos salariales y de reconocimiento social resultarán más igualitarios que los que promueve el actual modelo de empleo flexible y meritocracia que a menudo impide a mucha gente negociar efectivamente su aportación. Seguramente en lo que falló el liberal Smith es al pensar que el mercado tendría este papel moderador que en la práctica no tiene. El análisis de los costes y ventajas sociales de determinados modelos organizativos es el otro gran campo de intervención, por no alargar el debate creo que la evidencia del desastre económico al que estamos asistiendo nos debería obligar a replantear en serio la bondad de los modelos organizativos que se han planteado como referentes en este periodo neoliberal.

Quiero concluir por donde empecé. Con el tema de las desigualdades de género. Estas son reales y escandalosas. La mayoría de mujeres padece de una discriminación completa en el mercado laboral: bajos salarios, falta de reconocimiento, inseguridad. La proliferación del empleo a tiempo parcial solo para mujeres no hace sino prolongar, bajo formas “modernas” la vieja división patriarcal de roles de género. Sólo las mujeres de clase alta y/o educación superior escapan a estos modelos, aunque entonces topan con el “techo invisible” de la discriminación promocional. Y por tanto la lucha contra las desigualdades de género debe constituir un elemento central de esta estrategia igualitaria.

Simplemente he querido subrayar tres cuestiones. Primera que las desigualdades de género no agotan todo el campo y que al focalizar la cuestión de las desigualdades sólo en el mismo corremos el riesgo de legitimar o naturalizar otras desigualdades importantes. Segundo que en muchos casos las otras desigualdades se desarrollan en el mismo terreno del que afecta a las mujeres y por ello la lucha general contra la desigualdad puede tener efectos a veces incluso más contundentes que alguna de las estrategias específicas. Por ejemplo un aumento de los salarios más bajos contribuye mucho más a reducir el diferencial de salarios entre hombres y mujeres que las políticas de discriminación positiva en la promoción. La razón de ello es que una inmensa mayoría de mujeres esta ocupada en sectores de bajos salarios y al aumentarlos el efecto global es grande (aunque también se benefician los hombres que se encuentran en un plano parecido), mientras que la promoción discriminatoria solo influye a corto plazo en un reducido volumen de personas y sus efectos globales son limitados. Y en tercer lugar que los problemas de minusvaloración de la aportación femenina, de la consideración de baja productividad de las actividades “tradicionales” de las mujeres, también es compartida por la valoración que padecen otros sectores sociales. Sin una revalorización cultural del papel, y la complejidad, de muchas de las actividades manuales, de cuidados que  desempeñan muchas mujeres, pero también bastantes hombres va a ser difícil avanzar en políticas de igualdad consistentes. En suma creo que todos los grupos desfavorecidos pueden mejorar su posición social en una estrategia igualitaria general.

No quisiera acabar sin situar una cuestión altamente relevante en la que la aportación feminista es crucial. Lo que explica la debilitada posición de las mujeres en el mercado laboral tiene también que ver con la importancia de las actividades de cuidados extramercantiles. Unas actividades socialmente básicas para el sostenimiento de la sociedad. De hecho un coste social más que las empresas consiguen ignorar. Cuando las empresas prefieren promocionar a hombres que a mujeres en gran parte tratan de blindarse de los conflictos que genera la interferencia de las dos lógicas, la del rendimiento y la de las necesidades. Especialmente en el caso de cargos medios y directivos, de profesionales de los que se pretende una dedicación prioritaria y exclusiva a la actividad profesional (algo que también se encuentra en actividades públicas como el creciente terreno de la investigación científica). Alguien que cuida difícilmente va a ser alguien completamente entregado. Sin cambiar el enfoque posiblemente el conflicto no tiene solución y las mujeres seguirán relegadas a un papel secundario. La propuesta de cambiar los roles en las tareas de cuidados está bien orientada pero es insuficiente. Porque al final deja en las manos de cada individuo una responsabilidad  que debe ser socialmente compartida. También los hombres igualitarios sufrirán la misma lógica de postergación si sólo son una minoría. Por esto la única solución igualitaria seria es un cambio de relación, con políticas estructurales de derechos, provisión de servicios, etc. que reequilibre la importancia social de ambas esferas. Que, en cierta medida, obligue a las empresas mercantiles a “internalizar” un coste social del que al final también obtienen ventajas. Porque todo el mundo sabe que una población bien cuidada es también una población más eficiente. Pero sobre todo porque la lógica de las instituciones sociales y las políticas debe orientarse fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades sociales profundas.

                                                          Barcelona,enero 2009